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Nada tan español como una peineta.

¿A quién puede ir dirigida? Sin duda a Rubalcaba que admitió :”He tenido que improvisar las medidas mientras venía para acá”

El vicepresidente pedía perdón por el retraso de 45 minutos de la rueda de prensa y se le escapaba esta frase mientras miraba sus papeles.

Circular a 110 kmts. por hora por la autopista nos va a costar a los españoles algo más de 240.000 euros. El importe de “renovar” las señales. Dicen que será por cuatro meses….. Y los expertos afirman que no traerán ahorro, que la medida tiene afán recaudatorio. 00 euros será la multa por ir a 120 kmts. por hora. Es razonable pensar que si fuera cierta la cisis energética “que viene para quedarse” y esta medida fuera eficaz para atajarla, se habría tomado en el seno de la Unión Europea.

¿Una más del gobierno de Zapatero?

El límite de 110 km/h se suma a la larga lista de prohibiciones del gobierno socialista: los toros, fumar, el crucifijo en las aulas, los chiringuitos de las playas, etc.
La única política constante del gobierno socialista es mentir, insultar y prohibir.

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Y la rompe para pagar su despilfarro.

El  gobierno  socialista  incumple  el  acuerdo  de  pagar  las  pensiones
mínimas con el dinero del Estado. Se salta el Pacto de Toledo y el acuerdo que, desde 1996, define que es el Estado el que debe soportar este gasto. 
   
El año que viene el gobierno pagará 200 millones menos de su cuota a
las pensiones mínimas y los endosará a la Seguridad Social, con lo que ésta se verá obligada a cargar con el   60%  del  gasto  para  el complemento de las pensiones mínimas.
  El gobierno bajará su contribución a las cifras de 1996. 
Zapatero pagó con el dinero de  los propios pensionistas su promesa de
de elevar las pensiones mínimas cada año.
  El Gobierno socialista no ha aportado un solo euro más para compensar  las
subidas.
Y ahora Zapatero ha decidido también usar la caja de las pensiones para
encajar sus cifras de déficit presupuestario.

Los empresarios de Avilés están sufriendo una oleada de robos. Los últimos ocurridos esta misma semana: a los camiones de una autoescuela le robaron las baterías y  un estanco fue desmantelado por completo. Los daños en ambos casos superan ampliamente la cifra estimada ya que obligan a los empresarios a hacer nuevas inversiones y además les tienen varios días paralizados los negocios.

Ante este aumento de la tasa de robos y delitos contra la propiedad el gobierno está impasible. El esfuerzo no se dirige a garantizar la seguridad de los ciudadanos sino a maquillar las estadísticas.

Le he pedido en varias ocasiones a la alcaldesa de Avilés que reuna la junta de seguridad ciudadana,que es el foro adecuadao para analizar y valorar la seguridad pública de la ciudad,  pero insiste en no hacerlo. ¿Qué más tiene que pasar para que lo haga?

Necesitamos poner en marcha un plan para prevenir los delitos y aumentar la seguridad ciudadana. Y eso pasa por aumentar la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y dotarles de los medios adecuados.

Avilés necesita un plan se prevención de robos y hurtos.

La semana pasada mantuve conversaciones con el Sindicato Alternativa sobre la Ley 23/1992 de Seguridad Privada.
Este sindicato se queja de que Rubalcaba no la cumple ni la hace cumplir. Advierten sobre el riesgo para los ciudadanos si se permite el  intrusismo profesional en este campo.

Un vigilante de seguridad privado ha de estar habilitado por el Ministerio del Interior. Para ello, debe desarrollar unas habilidades y competencias que le permitirán desempeñar su función con garantías. Debe cumplir también ciertos requisitos de salud mental obvios, y no tener cuentas con la justicia. Si las empresas no están cualificadas, ¿quién lo garaantiza?

Los vigilantes de seguridad denuncian que algunos ayuntamientos fomentan el intrusismo profesional en este campo. Contratan y permiten que se contrate a empresas no habilitadas. Los empleados visten ropas al uso, con un escudo, con pegatinas de seguridad, pero no están capacitados para desempeñar las funciones lo que constituye un riesgo importante para todos.

Esta contratación es sancionable  y es la administración pública la que debe ejercer un control eficaz del cumplimiento de la Ley.. Ahora que hay serios problemas de trabajo, estas empresas no compiten en igudad de condiciones, alguien hace negocio a costa del ciudadano.

El Ayuntamiento de Avilés fue denunciado en varias ocasiones por este motivo. Las últimas veces con motivo del festival Beltaine y el del Cómic. La multa puede ser de hasta 30.000 euros.

El estado debe ser ejemplarizante en todos los casos y en éste en particular, por eso presenté una iniciativa en el Congreso para exigir explicaciones al Ministro de Interior sobre el no cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada por parte de las administraciones públicas.

Inaudito.

 En Pravia una mujer que trabajaba en un comercio fue víctima de un robo con violencia. Tras denunciarlo a la Guardia Civil recibió amenazas por lo que se le consideró “testigo protegida”. Esa consideración se mantiene en tanto el proceso siga abierto, como está ahora, en fase de apelaciones.

Aún a pesar de esta consideración y de las medidas tomadas no se garantizó su integridad. Hace unos días sufrió otra agresión, recibe amenazas  y ahora tiene miedo a salir de casa sola. Podemos concluir pués que su protección no fue efectiva y Delegación de Gobierno debería darle explicaciones.

El caso de esta mujer es el de una ciudadana que cumplió con su deber constitucional de colaborar con la justicia. Una mujer valiente que debe ser ejemplo de todos. Si no garantizamos la seguridad de estos testigos podrían existir retraimientos o inhibiciones a la hora de declarar en algunos procesos.

Tras recibir la última agresión, esta señora se puso en contacto con el Partido Popular de Navia para denunciar su situación, y mis compañeros pravianos le brindaron ayuda. En ningún momento se expuso a la prensa, ni permitió que se hicieran públicos su imagen, su nombre o su domicilio.

Parece que a Trevín le sentó mal que acuda al PP y le “echa la bronca” en los medios. Es inaudito e inaceptable que el delegado de gobierno convierta a la víctima en verdugo. Quien tiene las competencias para garantizar la seguridad de esta mujer y la de todos los pravianos ha fallado y no puede echar la culpa ni a ella ni al Partido Popular. Ha de asumir sus responsabilidades.

Desde que en la primavera pasada una doctora y un ats tuvieran que ir al centro de salud escoltados hasta el caso de esta mujer se ha producido un aumento de los robos con violencia en este municipio. Por eso acudí a la llamada de los pravianos y llevaré el caso al Congreso. Preguntaré por escrito al Ministro de Interior qué medidas tomará para garantizar que este fallo no vuelva a ocurrir.

A la vista de lo ocurrido en los últimos meses Pravia necesita un cambio, ya se va acercando el momento.

Con Roberto Santiago y concejales de Navia.

 

El destacamento de Navia atiende las necesidades de Navia, Coaña y Villayón, con una población de unas 14.000 personas que en época estival se triplica. A ésto hay que añadir que el número de efectivos es escaso y  no se cubren las bajas ni las vacaciones. 

En los últimos meses asistimos con preocupación a un aumento de la inseguridad en la zona rural, debido principalmente a la crisis económica. Los naviegos están preocupados y exigen que aumente la seguridad. 

Por todo ello y a petición de Roberto Santiago y de  los concejales populares de Navia presenté una Proposición no de Ley en el Congreso pidiendo al Ministerio de Interior que se estudien las necesidades efectivas de los tres concejos y se aumente la plantilla a un número de 30. Pedimos también que la Casa Cuartel, que ya va con tres años de retraso, se inaugure con la plantilla ya al completo.

Este blog tiene como objetivo mostrar una parte del trabajo parlamentario más allá de la obligada presencia en el Hemiciclo.
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