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Aunque todos los Ayuntamientos, y por tanto el de Avilés, han de hacer un esfuerzo para “apretarse el cinturón”, no es justo que paguen en mayor medida las consecuencias de la política económica de un gobierno que cuando se  iniciaba la crisis se dedicó a despilfarrar los recursos de los avilesinos y del resto de los españoles.

Este mes estamos debatiendo en el Congreso de los Diputados los PGE para el 2011. Ahora, tras haber presentado las enmiendas, estamos en la fase del debate en Comisión previo al Debate en el Pleno.

La diferencia con otros años ha sido el veto del Gobierno a debatir enmiendas propuestas por el PP imprescindibles para mejorar la financiación de los Ayuntamientos. El Gobierno, se opuso a tramitar y debatir unas enmiendas que solo pretenden mejorar la situación de los Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas, flexibilizando la devolución de liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009 por Participación en Tributos del Estado, de 60 a 120 mensualidades.

Frente al planteamiento del Gobierno socialista, el Partido Popular formula una completa y ambiciosa alternativa en el ámbito local que pasa por exigir el cumplimiento de los compromisos del Gobierno y los acuerdos del Congreso y del Senado en relación con la reforma del régimen local y su financiación, y la adopción de medidas transitorias que palien las graves dificultadas  económico-financieras por las que están atravesando las Entidades Locales, dando con ello respuesta a la mayor parte de las demandas de la FEMP, con objeto de facilitar el normal funcionamiento de las Corporaciones locales.

Este objetivo del PP se traduce en:

–         Dotar de una mayor liquidez a los Ayuntamientos, al incrementar el porcentaje de las entregas a cuenta, por el sistema de financiación, del 95 al 98 por ciento, en línea con lo previsto para las CC.AA.

–         Flexibilizar su capacidad de endeudamiento, corrigiendo la discutible e ideológica arbitrariedad contemplada en el proyecto de presupuestos, y que, excepcionalmente para 2011, pueda destinarse el mismo a inversiones. En Avilés este punto es esencial dado que rebajamos la deuda local con más de la mitad del dinero recibido por el canon del agua, y necesitamos el dinero para los proyectos de Urbanización de Las Meanas y para acometer la modernización de las entradas de la ciudad.

–         Impulsar la llamada “segunda descentralización”.

–         . El Ayuntamiento de Avilés viene desarrollando competencias que no son propias, servicios esenciales para el ciudadano que precisan financiación, muchas de ellas son competencias del Principado que éste no atiende, por ejemplo vivienda, prestaciones sociales, empleo, educación…. Por eso proponemos realizar una reforma en profundidad de las Administraciones Públicas que delimite y concrete las competencias de cada una con el fin de evitar duplicidades y la dispersión del gasto sobre una misma materia. Se trata de definir las “competencias” para dotarlas económicamente

–         Adaptar los RRHH de las distintas administraciones públicas a las necesidades de sus competencias. Una necesidad cada día más evidente en el Ayuntamiento de Avilés.

–         Nos oponemos a la pretensión del Gobierno de derogar la línea ICO de apoyo a la financiación de los Aytos. Prevista en  Ley 15/2010, 5 de julio de Morosidad.

Los Ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano y fue un compromiso adquirido por todos los partidos iniciar el debate de la Financiación Local en esta legislatura. Año tras año la alcaldesa carga la presión fiscal sobre las espaldas de los avilesinos y, sin embargo, evita presionar a su propio partido para que saque adelante la Ley de Financiación Local prometida.

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Alcaldada en el Congreso.

 

 Esta foto de familia está sacada en el patio interior del Congreso, estamos los diputados que tenemos responsabilidades municipales y los alcaldes del Partido Popular. Es un recuerdo de la jornada parlamentaria dedicada a debatir la necesidad de financiación de los ayuntamientos españoles. El acto sirvió también para apoyar las iniciativas parlamentarias populares presentadas este mes para exigir más financiación.  

Las corporaciones locales son las administraciones a las que acuden los ciudadanos cuando necesitan apoyo de todo tipo. Sufren la crisis más que ninguna porque ven mermados los ingresos y aumentados los gastos, especialmente los sociales. Cuando un ciudadano no puede hacer frente al pago de recibos, cuando tiene un dependiente a su cargo, cuando necesita una vivienda y no puede permitírsela, ¿a quién acude?.  

Me quedo con una frase pronunciada por Gallardón: No pedimos dinero para los ayuntamientos, lo pedimos para los ciudadanos.

Hoy pedí explicaciones a Gaspar Zarrías en  la Comisión de Política Territorial por la actuación del Delegado de Gobierno de Asturias, Trevín, que no ha exigido al alcalde de Cudillero que cumpla la sentencia en firme de enero del 2004 que anula y deja sin efecto el Convenio regulador de las condiciones de los trabajadores fijos y laborales para el periodo 1999- 2003.

La sentencia dice claramente que incumple al menos 24 artículos y disposiciones de diversas leyes de nuestro ordenamiento jurídico, ya que asume competencias en materia laboral que no tiene un ayuntamiento.

Si es una sentencia en firme que, además, fue dictada en el 2004, ¿cómo es posible que a 27 de abril del 2010 no se haya exigido la ejecución del fallo?. El sr. Trevín es parte de la Administración del Estado, tiene la obligación de instar a la forzosa ejecución de la sentencia y a cumplir y hacer cumplir la Constitución que en su artículo 118 dice que “es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales”.

Actuar a sabiendas de que lo que se hace es contraruio a nuestro ordenamiento jurídico es prevaricar. La administración no puede vivir al margen de la Ley. Por eso pregunté al Sr. Zarrías si van a dar instrucciones y cuándo para que se aplique la sentencia o van a consentir que esto siga así.

Detrás de todo ésto está la intención de no “molestar” a un alcalde del mismo signo político, socialista igual que Trevín y que Zarrías.

En las cárceles cubanas hay más de 200 presos políticos. Algunos de ellos privados de su libertad por lo que llaman “peligrosidad pre-delictiva”. Son disidentes pacíficos, periodistas independientes, ciudadanos que quisieron luchar por ejercer el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de reunión.

Orlando Zapata fue apresado en la Primavera Negra del 2003 y murió tras la huelga de hambre iniciada para mover nuestras conciencias y reclamar los derechos fundamentales que la dictadura castrista les niega. Actualmente en las cárceles hay más presos políticos en huelga de hambre, sus familiares, las Damas de Blanco son represaliadas también.

La poición común de la UE consiste en favorecer un diálogo con la sociedad civil cubana y con los sectores que apoyen la democracia y el respeto a los DDHH en Cuba.

La Cooperación Internacional es la mejor fórmula para ayudar al pueblo cubano. Pero se debe hacer a través de asociaciones solventes, la iglesia y organismos internacionales. Debemos asegurarnos de que el dinero que enviamos llega efectivamente al pueblo cubano y evitar que sirva para apuntalar al régimen castrista.

El Ayuntamiento de Avilés ha dado en los últimos cuatro años más de 145.000 euros a la asociación Paz y Amistad. Esta asociación defiende la dictadura castrista, realiza reuniones y actividades para lavar la imagen y justificarla en nuestro país. Además no justifica debidamente el dinero que recibe. Por eso hemos exigido que el ayuntamiento envíe el dinero a Cuba a través de otros cauces que ofrezcan todas las garantías.

El Ayuntamiento de Avilés tiene la responsabilidad de asegurar que llegue el dinero a los cubanos y de que sea a través de ONGs que garanticen el cumplimiento de los principios que inspiran la Posición Común de la UE: favorecer el proceso de transición, el respeto de los DDHH y las libertades fundamentales y mejorar de forma sostenible el nivel de vida del pueblo cubano.

No quiero que con mis impuestos se subvencione la dictadura cubana.

La semana pasada mantuve conversaciones con el Sindicato Alternativa sobre la Ley 23/1992 de Seguridad Privada.
Este sindicato se queja de que Rubalcaba no la cumple ni la hace cumplir. Advierten sobre el riesgo para los ciudadanos si se permite el  intrusismo profesional en este campo.

Un vigilante de seguridad privado ha de estar habilitado por el Ministerio del Interior. Para ello, debe desarrollar unas habilidades y competencias que le permitirán desempeñar su función con garantías. Debe cumplir también ciertos requisitos de salud mental obvios, y no tener cuentas con la justicia. Si las empresas no están cualificadas, ¿quién lo garaantiza?

Los vigilantes de seguridad denuncian que algunos ayuntamientos fomentan el intrusismo profesional en este campo. Contratan y permiten que se contrate a empresas no habilitadas. Los empleados visten ropas al uso, con un escudo, con pegatinas de seguridad, pero no están capacitados para desempeñar las funciones lo que constituye un riesgo importante para todos.

Esta contratación es sancionable  y es la administración pública la que debe ejercer un control eficaz del cumplimiento de la Ley.. Ahora que hay serios problemas de trabajo, estas empresas no compiten en igudad de condiciones, alguien hace negocio a costa del ciudadano.

El Ayuntamiento de Avilés fue denunciado en varias ocasiones por este motivo. Las últimas veces con motivo del festival Beltaine y el del Cómic. La multa puede ser de hasta 30.000 euros.

El estado debe ser ejemplarizante en todos los casos y en éste en particular, por eso presenté una iniciativa en el Congreso para exigir explicaciones al Ministro de Interior sobre el no cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada por parte de las administraciones públicas.

Aunque casi no se me vé,  allí estaba con mis compañeros concejales y alcaldes tras una reunión que tuvimos con la Portavoz para analizar las dificultades por las que pasan los ayuntamientos.

Esta foto fue tomada hace casi un año. Hoy seguimos igual o peor. La crisis ha hecho disminuir dramáticamente los ingresos de las administraciones locales que, por otro lado, ven cómo aumentan las peticiones de los vecinos especialmente en prestaciones sociales. Hoy tienen menos dinero y más donde gastarlo.

Responsabilizamos al Gobierno de la situación insostenible que atraviesan los  Ayuntamientos. Por eso y para intentar paliar esta grave situación,  el Grupo Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley por la que se vuelve a instar al Gobierno a que modifique el Decreto Ley del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, de manera que 3.000 millones de euros puedan dedicarse al pago de facturas por parte de los ayuntamientos.

 Necesitamos  adoptar medidas extraordinarias y urgentes que permitan a los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells solucionar sus problemas y compromisos con los ciudadanos.

Desde aquí reitero mi compromiso y el de mi partido con las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Zapatero debe escucharles y no malgastar el dinero en carteles de autobombo para los planes cuando hay tantas necesidadees. Es esperpéntico y triste que en una época de crisis social como la que está viviendo este país, el Gobierno haya obligado a los ayuntamientos a gastarse más de 60 millones de euros en carteles de propaganda de Rodríguez Zapatero.

Este blog tiene como objetivo mostrar una parte del trabajo parlamentario más allá de la obligada presencia en el Hemiciclo.
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