Hoy pedí explicaciones a Gaspar Zarrías en  la Comisión de Política Territorial por la actuación del Delegado de Gobierno de Asturias, Trevín, que no ha exigido al alcalde de Cudillero que cumpla la sentencia en firme de enero del 2004 que anula y deja sin efecto el Convenio regulador de las condiciones de los trabajadores fijos y laborales para el periodo 1999- 2003.

La sentencia dice claramente que incumple al menos 24 artículos y disposiciones de diversas leyes de nuestro ordenamiento jurídico, ya que asume competencias en materia laboral que no tiene un ayuntamiento.

Si es una sentencia en firme que, además, fue dictada en el 2004, ¿cómo es posible que a 27 de abril del 2010 no se haya exigido la ejecución del fallo?. El sr. Trevín es parte de la Administración del Estado, tiene la obligación de instar a la forzosa ejecución de la sentencia y a cumplir y hacer cumplir la Constitución que en su artículo 118 dice que “es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales”.

Actuar a sabiendas de que lo que se hace es contraruio a nuestro ordenamiento jurídico es prevaricar. La administración no puede vivir al margen de la Ley. Por eso pregunté al Sr. Zarrías si van a dar instrucciones y cuándo para que se aplique la sentencia o van a consentir que esto siga así.

Detrás de todo ésto está la intención de no “molestar” a un alcalde del mismo signo político, socialista igual que Trevín y que Zarrías.

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