La semana pasada mantuve conversaciones con el Sindicato Alternativa sobre la Ley 23/1992 de Seguridad Privada.
Este sindicato se queja de que Rubalcaba no la cumple ni la hace cumplir. Advierten sobre el riesgo para los ciudadanos si se permite el  intrusismo profesional en este campo.

Un vigilante de seguridad privado ha de estar habilitado por el Ministerio del Interior. Para ello, debe desarrollar unas habilidades y competencias que le permitirán desempeñar su función con garantías. Debe cumplir también ciertos requisitos de salud mental obvios, y no tener cuentas con la justicia. Si las empresas no están cualificadas, ¿quién lo garaantiza?

Los vigilantes de seguridad denuncian que algunos ayuntamientos fomentan el intrusismo profesional en este campo. Contratan y permiten que se contrate a empresas no habilitadas. Los empleados visten ropas al uso, con un escudo, con pegatinas de seguridad, pero no están capacitados para desempeñar las funciones lo que constituye un riesgo importante para todos.

Esta contratación es sancionable  y es la administración pública la que debe ejercer un control eficaz del cumplimiento de la Ley.. Ahora que hay serios problemas de trabajo, estas empresas no compiten en igudad de condiciones, alguien hace negocio a costa del ciudadano.

El Ayuntamiento de Avilés fue denunciado en varias ocasiones por este motivo. Las últimas veces con motivo del festival Beltaine y el del Cómic. La multa puede ser de hasta 30.000 euros.

El estado debe ser ejemplarizante en todos los casos y en éste en particular, por eso presenté una iniciativa en el Congreso para exigir explicaciones al Ministro de Interior sobre el no cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada por parte de las administraciones públicas.

Anuncios